Después de la carga a bayoneta calada, la plaza de la Constitución de Riotinto quedó en silencio. Sólo los gemidos de los que aún conservaban un halo de vida se oían entre los pasos de los soldados. Desde el balcón del Ayuntamiento algunos de los allí presentes quedaron profundamente impresionados con lo que acababan de contemplar.
Maximiliano Tornet, el más experimentado de la comisión en estas lides, comprendió al instante sobre quienes recaerían las culpas de lo allí ocurrido y aprovechando los primeros momentos de desconcierto salió del Ayuntamiento y huyó de Riotinto. El alcalde de Zalamea, José González, y Juan Antonio López, el secretario del juzgado de este pueblo, los únicos miembros de la comisión que aún permanecían en la sala, recibieron del gobernador la orden de regresar a Zalamea y aguardar allí la decisión que sobre ellos se tomara; y así lo hicieron.
Las fuerzas del orden impidieron que nadie se acercara a socorrer a los heridos y procedieron a detener a los que merodeaban por los alrededores. Ya oscurecido, los muertos que no habían sido reclamados por familiares fueron recogidos en carretas y enterrados entre las escombreras de la mina. Algunos manifestantes, los menos, encontraron refugio en casa de familiares o amigos del pueblo de Riotinto, los demás regresaron a sus pueblos de origen de man
era desordenada y a campo a través por miedo a ser detenidos.Oficialmente sólo se reconocieron 13 muertos y 43 heridos; pero hoy resulta difícil creer en esa cifra por la manera en que se desarrollaron los hechos y porque ya algunas declaraciones públicas e intervenciones en la prensa de la época elevaban el número de muertos a más de 50 y el de heridos a un centenar. La tradición popular, que se trasmitió de padres a hijos, afirma que los muertos fueron más de 200. En Zalamea siempre se dijo que la mayor parte de los componentes de la banda de música cayeron en aquella plaza. Lo que ahora nos parece evidente es la magnitud desproporcionada del ataque de los soldados a los manifestantes y el énfasis con el que se ensañaron en disolver a los allí congregados. Algunos testimonios aseguran que se disparó por la espalda a los que huían y a los que habían caído al suelo. Desde luego la posterior carga con la bayoneta calada en los fusiles prueba la violencia con la que actuaron los soldados, aunque es justo decir que no todas las fuerzas del orden lo hicieron así. Se asegura que la guardia civil disparó al aire y que, en algunos momentos, se interpuso entre los soldados y la masa para evitar un mayor derramamiento de sangre.
Después de todo esto cabe preguntarse quién o quienes fueron los culpables de esta tragedia. Los documentos que hoy manejamos reflejan que desde un primer momento se culpó a las autoridades de Zalamea por ser los principales responsables de haber organizado la manifestación, especialmente al alcalde, José González Domínguez, y a Juan Antonio López. Y así se pone de manifiesto en una carta que el juez auxiliar, Manuel Márquez, envía a D. José María Parejo, abogado de la compañía, en la que se señala directamente al mencionado Juan Antonio López y a Maximiliano Tornet. Se dio órdenes de arresto sobre el alcalde de Zalamea; pero éste salió días antes en dirección a Madrid, donde se movió en círculos políticos buscando apoyo a su causa. Juan Antonio López fue interrogado sobre los hechos, aunque desconocemos si sufrió algún tipo de sanción. Maximiliano Tornet fue buscado por las autoridades, pero jamás dieron con él. Hay testimonios que aseguran haberlo visto el día siguiente en Zalamea, el único pueblo de la cuenca que mantenía cierta independencia del poder e influencia de la Compañía y en el que pudo haber buscado refugio. Después se le perdió el rastro y de él nada más se supo.
Con la perspectiva del tiempo, hoy podemos valorar los hechos con mayor objetividad y estamos convencidos que el principal responsable de lo ocurrido fue el gobernado, Sr. Bravo y Joven, que con su actitud extremadamente dura e intransigente provocó que aquella situación desembocara en tragedia. Recordemos que los hechos tuvieron lugar sobre las 4,30 de la tarde de principios de Febrero, cuando en aquel tiempo solo quedaban unas pocas horas de luz para terminar el día, y que toda aquella gente debería regresar a sus casas. Hubiese bastado un poco de paciencia y diálogo, y posiblemente los manifestantes hubieran regresado a sus pueblos tranquilamente. Aún queda en el aire la duda de quién dio la orden de disparar. En círculos oficiales se afirmó que los soldados habían actuado por propia iniciativa ante una supuesta agresión por parte de los manifestantes; pero cuesta creer que se produjera de ese modo por la forma organizada en que se retiró la caballería de la plaza y la manera en la que los soldados realizaron las repetidas descargas de fuego y la carga con bayoneta. Hubo quien aseguró que se hizo una señal, previamente convenida entre el gobernador, el teniente coronel y los oficiales, para ordenar la carga de los soldados (según algunos, el gobernador se quitó el sombrero y con un pañuelo blanco se secó el sudor de la frente). Nunca se pudo aclarar tal circunstancia; pero el caso fue que la tropa de la compañía, no los oficiales, fue arrestada en su cuartel durante bastantes años, con lo que los nuevos reemplazos se encontraron con un arresto por un suceso en el que ellos no habían participado y del que, algunos, ni siquiera habían oído hablar.
Se investigó la actuación del gobernador, pero finalmente quedó libre de culpa. Meses después fue sustituido en el cargo y trasladado.Los terratenientes Lorenzo Serrano y Ordóñez Rincón jamás fueron molestados.
Manuel Domínguez Cornejo y Antonio Domínguez Pérez de León
Zalamea, la otra mirada